La definición de una tarifa de transición para la distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, concesionarias en el AMBA, comenzará a tratarse el martes en audiencia pública con la premisa ya manifiesta por parte del Gobierno nacional de reconocer incrementos que preserven el poder adquisitivo de los hogares, es decir, lejos de las pretensiones de recomposición que presentaron las compañías.
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La nueva instancia de participación convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se desarrollará el martes a partir de las 8 y de manera virtual, mientras que el lunes se realizarán las audiencias por las tarifas del transporte eléctrico de alta tensión, lo que alcanza a las empresas Transener, Transba, Districuyo, Transnea, Transnoa, Transpa, Transco y Epen.
Auditoría
El ENRE viene llevando a cabo un proceso de renegociación en virtud de las conclusiones a las que arribó en la auditoria técnica, jurídica y económica, de la cual concluyó que «la Revisión Tarifaria Integral (RTI) no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fue razonable ni prudente en su diseño y aplicación».
De acuerdo con esa auditoria, los cuadros tarifarios adoptados durante la gestión Cambiemos no sólo implicó «un aumento irracional de la factura», pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3.200% en las tarifas de los usuarios residenciales», sino que si hoy se continuara con ese esquema a partir del 1 de abril se debería disponer un aumento del 168% en las facturas.
Cuadros tarifarios de transición
Con las audiencias de lunes y martes se complementarán las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de los servicios de electricidad y de gas por redes.
En las jornadas previas al debate, las dos distribuidoras eléctricas que se encuentran bajo órbita federal y el ente regulador expresaron sus diferencias en torno del pedido de incrementos tarifarios que realizaron las empresas, en el informe obligatorio que antecede a la audiencia.
En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157% y 81% ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80% de los usuarios.
Los documentos elevados al ENRE por las distribuidoras reflejan en el caso de Edenor un pedido de incremento del valor agregado de distribución (VAD) -que es el componente de la factura que se le reconoce a las empresas por el servicio- del 109% al pasar de $29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021.
En el caso de Edesur el aumento de VAD solicitado respecto de 2020 es de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones.
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