La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que distribuye entre las provincias $70.000 millones para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
La iniciativa, que había obtenido media sanción del Senado el 24 de febrero, fue aprobada en la Cámara baja por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención del radical José Cano, tras breve debate en el que expusieron tan solo cuatro oradores.
El Consenso Fiscal fue acordado en diciembre por el Presidente y los mandatarios provinciales, con excepción de San Luis, la Pampa, y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene una controversia por los recursos para la policía porteña.
El proyecto fue sancionado con los votos aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y legisladores de Juntos por el Cambio que responden a los gobernadores de la UCR de Corrientes Gustavo Valdés y de Jujuy, Gerardo Morales.
Se trata de los diputados de Corrientes Sofia Brambilla; y Gabriela Burgos, Oscar Moldani y Jorge Rizzotti, de Juyuy.
Los 104 votos de rechazo correspondieron en su mayoría a legisladores de Juntos por el Cambio, al Partido Social y los dos legisladores de la Izquierda.
Qué contempla el proyecto
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con un monto total de alrededor de $70.000 millones que podrán ser utilizados para reactivar las economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
El proyecto además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
La discusión en Diputados
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, (Frente de Todos), destacó que «un tema importante que contiene el acuerdo es la necesidad de definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento”.
El legislador oficialista señaló que ya «fue ratificado por 16 legislaturas provinciales» y destacó que «se evaluó ante la pandemia que era conveniente suspender en 2020 y 2021 las obligaciones en materia de exenciones» para ingresos brutos y sellos.
Desde Juntos por el Cambio, el radial Luis Pastori argumentó el voto negativo al sostener que el acuerdo fiscal «lesiona los intereses de los contribuyentes, los impuestos a Ingresos Brutos y de sellos, lo más regresivo del sistema tributario de la República Argentina».
Pastori agregó que «así como creció en Nación creció en provincias y esta prórroga es congelarlo al 2019, esa gradual disminución de alícuotas de 2018 y 2019 queda congelada y evita que quede suspendida en 2021»
«Es ir a un retroceso del consenso fiscal de 2017 que buscaba que las provincias vayan teniendo una baja gradual para llegar a 2022 con alícuota cero», agregó.
Por otra parte, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano, dijo que rechazaban la iniciativa porque en el Consenso Fiscal «no hay ningún beneficio para el pueblo trabajador. Porque si se habla de impuesto nocivo es el IVA, que es el que más recauda y lo paga el pueblo en un 21%”».
En tanto, la diputada Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social), señaló que «con este consenso se está generando más inseguridad jurídica, que es sabido que va ir en contra de la inversión, de la producción, del trabajo”.
Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.
Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.
Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.
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