El líder de la banda narcocriminal «Los Monos», Ariel «Guille» Cantero, fue condenado este jueves a 22 años de prisión por balaceras reportadas en 2018 contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales de Rosario, pena que se le unificó en 28 años y 8 meses por una sentencia previa que tenía por amenazar a un juez.
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Al término del juicio oral que se realizó bajo una modalidad semipresencial en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el Tribunal a cargo del debate encontró a Cantero responsable de siete de los diez ataques que se cometieron hace tres años en esta ciudad santafesina.
Además, el tribunal integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, condenó a 20 años de prisión a Matías César; a la misma pena a su exnovia Lucía Uberti;y a 12 años y seis meses a Daniel «Teletubi» Delgado.
Como Delgado ya había sido condenado por homicidio en el juicio por el triple crimen de militantes sociales de Rosario, ocurrido en Año Nuevo de 2012, el tribunal le unificó la pena en 33 años y 6 meses de cárcel y lo declaró reincidente.
El resto de los acusados por las balaceras contra objetivos judiciales también fueron condenados: Leandro Olivera a 11 años; Leonel Fernández a 8 y Damián Chávez a 7.
Otros cuatro jóvenes involucrados en esos hechos habían aceptado su participación y fueron condenados en procedimientos abreviados previos al juicio que terminó este jueves.
La presidenta del tribunal, Marcogliese, remarcó que «los hechos objetos de este juicio no reconocen precedente en nuestro país» y recordó que en 90 días «se llevaron adelante 12 ataques» que no estaban dirigidos a personas «sino a instituciones, que esas personas representan como miembro de un poder del Estado».
La jueza sostuvo que en el juicio se vio a «un poder, el de la violencia y el miedo, confrontando, desafiando y negando el poder del Estado».
«Aspiramos a que este sea un punto de inflexión, un hito a partir del cual se ponga un freno definitivo a las organizaciones que ponen en vilo las instituciones democráticas», auguró la presidenta del Tribunal.
Se trata de la séptima condena que recibe Cantero, de las cuales cinco corresponden a delitos cometidos mientras estaba en prisión.
Si se pudieran unificar las condenas (el Código Penal Argentino no permite una privación de la libertad mayor a los 50 años), el capo narco debería pasar 84 años tras las rejas.
En ese sentido, Marcogliese dijo que «los jueces comprendemos que el fenómeno (de la narcocriminalidad) no se restringe a un problema de seguridad que pueda ser resuelto por un tribunal. No depende de las cantidades de personas detenidas, ni de los kilogramos de droga secuestrada, ni del monto de las penas que se impongan, que en muchos casos no impiden la comisión de nuevos delitos».
En una lectura previa al fallo, el Tribunal puntualizó que los diez hechos de balaceras que se juzgaron se produjeron entre la sentencia que condenó a Cantero el 9 de abril de 2018, su traslado por decisión de la Justicia Federal a una cárcel de la provincia de Chaco en mayo y la detención de César y Uberti, en septiembre de ese año, «a partir de las cuales cesaron».
Para los magistrados, Cantero fue el ideólogo de 7 de los 10 tiroteos y para eso se contactó desde la cárcel con los «cabecillas de tres bandas delictivas de Rosario, la de barrio Alvear liderada por Daniel Delgado; la banda de ‘Quintana’ liderada por César y la de Leandro Olivera».
Ellos, a la vez, contactaron a los ejecutores materiales de los atentados que tenían por objetivo amedrentar o condicionar al Poder Judicial.
La sentencia enmarcó los hechos en la conflictividad de la narcocriminalidad, al sostener que los condenados son personas que «llevaban actos violentos de diversa naturaleza, vinculados a la defensa del territorio para asegurare el mantenimiento del negocio de estupefacientes», así como «usurpaciones y uso de armas».
Los jueces también hicieron un llamado a los otros poderes del Estado para enfrentar el problema de la criminalidad en Rosario.
«Esperamos que las repuestas no se reduzcan al sistema penal, al castigo y al encierro, sino que también de una vez aborden desde la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Esa será la única manera de disminuir la violencia estructural y cultural que nos castiga a todos por igual, y que parece no tener freno», dijeron.
Uno de los fiscales del juicio, Miguel Moreno, coincidió con la presidenta del Tribunal en que «un fallo no va a hacer cesar esta situación de violencia que vivimos a diario», y agregó que «se trata de que también desde otros sectores se logre luchar contra la exclusión social que es la que fomenta estos conos de violencia».
A la vez, se declaró «conforme con el resultado obtenido en el juicio» aunque las penas dictadas fueron sensiblemente menores a las solicitadas».
El abogado defensor de Cantero, Fausto Yrure, sostuvo por su parte que su cliente «no tuvo intervención en ninguno de los casos» que le se endilgaron.
«Lo dijimos en el principio del debate, en cierto modo este es un proceso cuyo final era esperable. No por la presencia de elementos probatorios contundentes en contra mi defendido, sino por el contexto general».
Yrure dijo que «no se ha probado que fuera Cantero el que mandaba y ordenaba los delitos», y adelantó que esperará a conocer los fundamentos de la sentencia para decidir su apelación.
La última jornada del debate tuvo un inusual despliegue de seguridad alrededor del Centro Penal de Justicia de Rosario, donde unos 250 efectivos de fuerzas de seguridad destinados en 98 puestos fijos y móviles participaron del operativo.
«Hay un total de 250 policías y 70 patrulleros», indicó un vocero de la cartera que conduce Jorge Lagna.
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