La Agencia Nacional de Discapacidad estableció por resolución nuevos criterios en el inicio de este trámite. El Certificado Médico Oficial Digital (CMO) será el único documento válido para la presentación de solicitudes, eliminando así la utilización de certificados en papel.
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En un movimiento significativo hacia la modernización y simplificación de los trámites administrativos, la Agencia Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación aprobó la Resolución 1925/2024 que establece nuevos criterios en el inicio del trámite de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar el trámite de estas pensiones, un tema de vital importancia para quienes realmente requieren de este apoyo económico: personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica e imposibilitadas para trabajar.
La resolución establece que el Certificado Médico Oficial Digital (CMO) será el único documento válido para la presentación de solicitudes, eliminando así la utilización de certificados en papel. Esta decisión refleja un compromiso con la digitalización y la eficiencia, alineándose con las tendencias globales que buscan reducir la burocracia, el gasto innecesario y agilizar los tiempos de los trámites.
Desde la ANDIS, se ha enfatizado que esta modernización es crucial para garantizar que quienes requieren este apoyo económico puedan tramitarlo de manera más ágil y efectiva.
La exigencia de un Certificado Médico Oficial Digital, junto con los estudios médicos complementarios, asegura que el proceso sea más simple, trazable, rápido, transparente y menos propenso a errores administrativos e irregularidades.
Puntos clave de la normativa
- Derogación de normativas anteriores: se deroga el artículo 4° de la Resolución N° 8 de 2020 y se deja sin efecto la Resolución N° 891 de 2021, lo que indica una revisión y actualización del marco normativo.
- Requisitos para iniciar trámites: no se podrá iniciar el trámite de pensión sin el Certificado Médico Oficial Digital y los estudios médicos complementarios. Esto establece un requisito claro y elimina la posibilidad de utilizar certificados en papel que generaban más gastos administrativos y retrasos y errores significativos en las solicitudes presentadas.
- Validez de certificados en papel: los certificados médicos en formato papel que se emitan con un código QR después de la publicación de la resolución no serán válidos. Sin embargo, se permite la presentación de certificados en papel que hayan sido emitidos antes de esta fecha, con límite hasta el 31 de diciembre del 2024, para su aceptación para trámites que hayan sido iniciados hasta el 31/3/2023, y fecha límite hasta el 31/3/2025 para trámites que hayan sido iniciados en 2024 y deban dicha documentación.
- Obligación de presentación de certificados digitales: para las solicitudes que no cuenten con un Certificado Médico Oficial a la fecha de publicación, se debe presentar uno digital antes del 31 de diciembre de 2024, de lo contrario las solicitudes serán archivadas.
- Verificación de certificados pendientes: la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas debe verificar si hay certificados digitales pendientes de firma en los establecimientos públicos de salud y tomar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.
La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas tendrá la responsabilidad de verificar los certificados médicos digitales pendientes de firma. Este enfoque proactivo es un indicativo de que el Gobierno está dispuesto a asumir un papel activo en la mejora del sistema de tramitación de estas pensiones, asegurando que los derechos de los ciudadanos sean respetados y protegidos.
Asimismo, con la normativa se busca simplificar y modernizar, así como darle seguridad y robustez al proceso de solicitud de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, promoviendo el uso de herramientas digitales y estableciendo claridad respecto a la documentación obligatoria que debe acompañar el trámite. Esto puede facilitar el acceso a las pensiones y mejorar la eficiencia administrativa reduciendo la tasa de error y las irregularidades.
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