Desde noviembre, los trabajadores autónomos enfrentan nuevas tarifas, mientras el gobierno implementa una reestructuración que reemplaza la AFIP por la ARCA.
El gobierno argentino ha dado un paso sin precedentes en su estructura fiscal. La disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA) marcan el inicio de una etapa de reformas que apuntan a simplificar los procesos y reducir los gastos en el ámbito tributario.
Esta medida, impulsada por el presidente Javier Milei, busca acabar con la burocracia y hacer más ágil la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Como consecuencia, en noviembre se actualizan los valores de los aportes mensuales para los trabajadores autónomos, quienes tendrán que ajustarse a esta nueva modalidad bajo la ARCA.
Las tarifas para los trabajadores autónomos, quienes operan sin un empleador directo, están organizadas en cinco categorías. Cada una de ellas tiene una cuota mensual distinta.
En la primera categoría, los autónomos deben abonar $43.886,22; en la segunda, $61.439,76; en la tercera, $87.771,66; en la cuarta, $140.434,59; y en la quinta, $193.096,80.
Estas nuevas cifras rigen desde el comienzo de noviembre y reflejan los cambios que el nuevo ente recaudador implementa en sus primeras semanas de funcionamiento.
Para los trabajadores autónomos que realizan actividades de riesgo o aquellas consideradas penosas, el régimen previsional diferencial contempla montos más elevados, organizados también en cinco categorías, desde la I’ hasta la V’.
En estas categorías, los aportes mensuales son de $48.000,55 para la primera, $67.199,73 para la segunda, $96.000,25 para la tercera, $153.600,33 para la cuarta y $211.199,62 para la quinta.
Esta variación en los aportes busca reconocer la naturaleza de las actividades de mayor exigencia, asegurando un marco de previsión adecuado para estos sectores específicos.
La creación de la ARCA, que reemplaza oficialmente a la AFIP, forma parte de un plan de reducción de costos y simplificación administrativa.
Según el documento oficial y declaraciones del economista Carlos Adorni, la estructura de la ARCA elimina un 45% de las posiciones de autoridad superior y un 31% de los niveles inferiores, resultando en una disminución del 34% de la estructura administrativa.
Este ajuste responde a la necesidad de reducir el tamaño del Estado, especialmente en sectores que se consideraban sobredimensionados y costosos.
El impacto de estas medidas genera tanto expectativa como incertidumbre entre los contribuyentes.
Con menos personal y una estructura más liviana, la ARCA enfrenta el desafío de mantener el orden tributario sin los niveles de supervisión y control que caracterizaban a la AFIP.
Para muchos, este cambio supone la oportunidad de una relación más sencilla con el ente recaudador, pero también plantea preguntas sobre la eficiencia y la capacidad de la ARCA para operar con menos recursos humanos y financieros. (MDZ)
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