La Corte Penal Internacional dijo el viernes que tiene jurisdicción sobre territorios ocupados por Israel tras la guerra del Medio Oriente de 1967, con este fallo, se abre una puerta para que se inicie una investigación por posibles crímenes de guerra por parte del estado israeli.
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La CPI, finalmente se pronunció por el tema que llevaba más de dos año en cuestión. El alto tribunal, apoyado en La Haya determinó que tiene jurisdicción para investigar crímenes de guerra cometidos en los territorios que Israel ha ocupado en Palestina.
Una decisión que fue celebrada por funcionarios palestinos y criticada por el primer ministro de Israel, quien atacó a la corte diciendo que se trata todo de una “persecución jurídica”.
Desde su ingreso en 2015, Palestina ha presionado para el inicio de una investigación. Israel, que no es miembro de la CPI, ha manifestado a la corte no tiene jurisdicción, debido a que consideran que Palestina no es un estado en sí y porque las fronteras de cualquier futuro Estado se tienen que decidir a través de las negociaciones de paz.
La fiscal Fatou Bensouda, determinó en 2019 que había una “base razonable” para empezar a investigar la situación en esos lugares, ya que consideraba que “se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra”.
La Fiscalía de la CPI, en esa oportunidad señaló a las Fuerzas de Defensa israelíes y al grupo Hamas. Sobre las FDI, el buró considera que realizaron ataques sistemáticos y de manera desproporcionada a civiles y personal de salud. Sobre el grupo armado palestino, sostiene la resonsabilidad del disparo de misiles hacia Israel durante el conflicto armado de 2014.
La CPI tiene como misión arbitrar como última instancia cuando los sistemas judiciales domésticos no realizan o no pueden iniciar procesos de investigación sobre crímenes de guerra.
Israel dispone de sistemas para iniciar investigaciones cuando hay violaciones o excesos cometidos por sus soldados. Pero cuando se trata de asentamientos, expertos en materia internacional, apuntan que Israel podría tener problemas con su parcialidad jurídica.
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