Una cautelar dictada por el juez López, que prohibía en hospitales la Interrupción Voluntaria del Embarazo, quedó sin efecto, luego de que el magistrado que quedó a cargo de la causa tras su recusación hiciera lugar a una apelación presentada en ese sentido por el Estado nacional, informaron este jueves fuentes judiciales.
Santiago Martín, titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, fue quien hizo lugar a este recurso tras la presentación realizada por el Estado, de ese modo, quedó sin validez la resolución firmada el último 7 de junio por López, que suspendía la IVE en hospitales nacionales.
Tras haber quedado al frente de la causa, Martín tomó la medida, luego de que el Estado solicitará además la recusación de López por considerarlo parcial sobre el expediente, iniciado a partir de una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, para que se dictara su inconstitucionalidad.
Concedida la apelación con «efecto suspensivo», deberá expedirse al respecto la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, que también debe resolver el planteo de recusación.
En su resolución, Martín consideró que la cautelar de López suspendía «todo un cuerpo normativo, integrado por la ley en su totalidad, protocolos y resoluciones, vinculadas directamente a políticas de salud y de género del Estado Nacional, y conlleva (entre otros efectos) la interrupción de la atención y cobertura de salud que dicha ley dispone con alcance nacional».
«Por lo tanto, considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar», explicó.
Tras los recursos de apelación y recusación presentados días atrás por el Estado nacional, se incorporaron además como terceros interesados en el expediente Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres.
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